París, 24 ago.- Las autoridades francesas aseguraron hoy que quieren que se aclare la muerte de un ciudadano argelino el pasado jueves mientras se encontraba bajo retención administrativa y era trasladado al aeropuerto para ser expulsado a su país por no tener los papeles en regla.
El Ministerio del Interior subrayó, en una declaración en respuesta a las demandas de Argel de informaciones “oficiales y precisas”, su “firme voluntad” de que se haga toda la luz sobre el caso de Abdelhak Goradia, de 51 años.
El fallecimiento de Goradia en el furgón policial que lo trasladaba desde el centro de retención de Vincennes, en el extrarradio de París, hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, desencadenó la apertura de una investigación judicial a cargo de un magistrado instructor.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha pedido otra investigación paralela a la Inspección General de la Policía Nacional y “espera los resultados de esas investigaciones para tomar las decisiones que se impongan”.
La situación es confusa porque en un primer momento la policía filtró que el inmigrante había muerto de una crisis cardíaca, pero luego la fiscalía -sobre la base de la autopsia- lo negó ya que el hombre había sucumbido a “una asfixia debida a una regurgitación gástrica”.
La familia del argelino, cuya expulsión fue decretada teniendo en cuenta su largo historial delictivo en Francia, ha decidido constituirse en acusación particular.
El pasado día 16, la policía ya había intentado embarcar a Goradia en un avión para proceder a su expulsión, pero entonces el comandante del vuelo se negó a que subiera a bordo como lo traían, esposado y encapuchado.
Según su abogado, Sohil Boudjellal, al que Goradia telefoneó dos horas antes de su muerte para advertirle de que se lo iban a llevar al aeropuerto, el hecho de que llevaba viviendo enFrancia desde 1996 y de que tenía un hijo de nacionalidad francesa de 6 años debería haber servido para protegerlo de una expulsión.
“Se invocó una amenaza imperiosa al orden público. Es grotesco. Nunca había visto eso, y eso que me ocupo de este tipo de casos desde hace casi 20 años”, denunció Boudjellal en declaraciones reproducidas hoy por “Le Journal du Dimanche”.
“No era un terrorista”, añadió el letrado.
La administración sospecha que el reconocimiento tardío de su hijo (el 16 de junio) era sólo un medio para evitar la expulsión, ya que hasta entonces no se había preocupado de hacerlo. Tras presentar un recurso judicial, se había fijado una audiencia para el próximo día 28, pero esa demanda no suspendía la expulsión. EFE