Este es el epílogo de una batalla legal que habrá durado más de un año. El lunes 7 de mayo, el barco fletado por la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP) atorado desde 2017 en Sudáfrica, pudo navegar de nuevo en dirección de Nueva Zelanda, donde pudo descargar sus 55,000 toneladas de fosfato procedente de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. “Lo recuperamos por un dólar simbólico”, se congratuló el director jurídico de la empresa Othmane Bennani Smires, y dijo que la “incautación de este cargamento ” ha fracasado ” y denunció una “grave violación de los principios básicos de la ley que amenaza la libertad del comercio internacional”.
En realidad, la desventura para Rabat es más fastidiosa de lo que pretende porque no es más que un ejemplo de otras acciones jurídicas emprendidas por el Frente Polisario para hacer valer su punto de vista. “La situación ha cambiado: el Polisario se dirige a las instancias supranacionales para denunciar la explotación de los recursos económicos del Sahara”, subraya Jadiya Mohsen-Finan, universitaria y especialista en este conflicto. Hoy, por sí mismo o madiante asociaciones cercanas a la causa que defiende, se ha vuelto audible en cuestiones de derecho. “
El Sahara Occidental, una antigua colonia española rica en recursos naturales, es reivindicada por a la vez por Rabat, que controla el 80% del territorio y por el Frente Polisario, que pide un referéndum sobre la autodeterminación según lo previsto por las Naciones Unidas. Después de 16 años de enfrentamiento militar, se concluyó un alto el fuego en 1991 bajo los auspicios de la ONU seguido de un estancamiento diplomático, el movimiento de liberación saharaui ha decidido cambiar de táctica: desafiar a Marruecos en su pretendida soberanía sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental por la vía legal. Lanzada en 2012, esta estrategia se aceleró en 2017.
Ofensivas judiciales
Tratándose del Cherry-Blossom, el buque de bandera de las Islas Marshall fletado por la OCP, fue parado el 1 de mayo de 2017 durante una escala en Port Elizabeth, en Sudáfrica. El Polisario se había depositado una querella ante un juez local estimando ilegal este transporte y consiguió la incautación del cargamento.
La organización no había hecho su elección por casualidad: Sudáfrica es un partidario histórico de la causa saharaui, posicionándose, con Argelia, como un defensor del derecho a la autodeterminación. En marzo, un tribunal sudafricano ordenó la venta por subasta del fosfato, pero ningún interesado se manifestóal respecto. Un procedimiento similar se lanzó en Panamá en mayo de 2017 sin éxito. Esta estrategia ataca el fondo de los intereses económicos de Marruecos.
La explotación de fosfatos y sus derivados, sobre todo los fertilizantes, es una fuente clave en la economía marroquí, casi una cuarta parte de las exportaciones del país, según cifras oficiales. El primer golpe lo recibió el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea (UE). Cuestionado por el Polisario, este acuerdo fue objeto de una primera decisión del Tribunal Europeo, en diciembre de 2015. Los jueces europeos estimaron que el Consejo Europeo había “faltado a su obligación” de para verificar si la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental bajo control marroquí se hacía o no en beneficio de la población de este territorio y, por lo tanto, llamó a su anulación.
Después de una apelación, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció el 21 de diciembre de 2016 que el acuerdo de liberalización agrícola entre la UE y Marruecos era válido pero que no fue no se aplica “al territorio del Sáhara Occidental”, al cual el derecho internacional garantiza un “estatuto separado y distinto”. Sobre la base de estas conclusiones, los defensores de la autodeterminación aumentaron la presión.
La última ofensiva judicial estuvo dirigida al acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE, que permite a los buques europeos acceder a la “zona de pesca marroquí” a cambio de una contribución económica. La mayoría de las capturas tienen lugar en las costas del Sáhara Occidental.
A finales de febrero, el TJUE retocó el acuerdo, obligando a la UE y Marruecos a renegociar ciertas disposiciones alegando que violan el principio de autodeterminación del Sahara Occidental. En el sector turístico, el Frente Polisario presentó una querella en Francia contra Transavia, una filial de bajo costo de Air France, por su nuevo enlace aéreo entre París-Orly y Dajla, una destinación privilegiada por los practicantes del kitesurf. Pidió la prohibición de explotación de esta línea y 400.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios, una vez más, estimando que el lanzamiento de tal línea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui.
También se ha presentado una denuncia ante los tribunales europeos contra el acuerdo entre la UE y Marruecos concerniente a la aviación civil. “No se trata de multiplicar los procedimientos, ni de molestar a las grandes empresas ni de impedir que Marruecos concluya acuerdos”, afirma Gilles Devers, abogado del Frente Polisario. Lo que queremos es la aplicación de la jurisprudencia europea según la cual hay dos territorios distintos y que, con respecto al Sáhara Occidental, nada puede hacerse sin el consentimiento del representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario.
Por lo tanto, las querellas nunca se dirigen directamente al Reino de Marruecos y si hasta ahora no han afectaron al estado del conflicto sobre el terreno, plantean un problema fundamental en Rabat, que se ve obstaculizado en algunas de sus actividades económicas y en sus relaciones con sus socios europeos.
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