La falta de independencia de la justicia frena el desarrollo marroquí
“Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial”
EL PAÍS, 20 DIC 2010
La Justicia en Marruecos no es independiente y los magistrados son con frecuencia incompetentes. El pésimo funcionamiento del tercer poder es un “impedimento en el desarrollo del país” . “El uso sistemático del aparato judicial para alcanzar objetivos políticos socava además los esfuerzos loables para impulsar la reforma de la Justicia y la transparencia”.
Después de haber consultado a varias personalidades y expertos, incluido a algunos jueces y fiscales en activo, la Embajada de EE UU en Rabat hizo, a finales de agosto del año pasado, una descripción sombría del funcionamiento de la Justicia en Marruecos. Abelaziz Nouyidi, abogado y defensor de los derechos humanos, resume una opinión generalizada: “Cuando se trata de algo político la independencia [de la Justicia] es igual a cero. Cuando de trata de algo relacionado con la prensa la independencia es igual cero. En los demás casos hay algo más de margen para ser independiente, pero tampoco mucho”.
Nouyidi recuerda que estaba en el despacho de un juez cuando éste recibió una llamada del Ministerio del Interior. El magistrado explicó al teléfono que había cumplido: “La sentencia ha sido lo que usted quería”. Con más crudeza, un fiscal confiesa a la Embajada estadounidense: “Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial”.
Detenido tras ganar en las urnas
Numerosos ejemplos lo avalan. Said Yabou, del partido Istiqlal que lidera el primer ministro, fue elegido en 2009 por los concejales alcalde de Youssoufia, un suburbio de Rabat, frente a un candidato del Partido Autenticidad y Modernidad fundado por Fouad Alí el Himma, gran amigo del rey Mohamed VI. Inmediatamente después de ganar la votación Yabou “fue detenido, transgrediendo el procedimiento judicial, e inculpado por estafa”. “Fue rápidamente declarado culpable, condenado a dos años de cárcel y perdió” el cargo de alcalde. Lo sucedido “ilustra cómo el aparato judicial puede ser utilizado para alcanzar objetivos políticos”, señala el informe de la Embajada.
Para convencer a los jueces de que sigan las instrucciones el Ministerio de Justicia “no se necesita molestar” al equivalente marroquí del Consejo General del Poder Judicial en España. “Si el ministerio quiere castigar a un juez por ser demasiado independiente (…) le basta con nombrarle en un puesto no deseado, en algún lugar del desierto, y no permitirle que ascienda en el escalafón”, explica un magistrado.
“La capacidad del Ministerio de Justicia de promocionar o trasladar a los jueces hace que les resulte difícil contradecir las instrucciones de la autoridad incluso cuando la sentencia que se disponían a promulgar fuese acorde con la ley”, escribe el encargado de Negocios. El titular de Justicia, Mohamed Taieb Naciri, es además un ministro llamado de “soberanía”, es decir directamente nombrado por el rey Mohamed VI.
No sólo el Ministerio de Justicia ejerce una influencia sobre los jueces sino el Tribunal Supremo y los que “tienen acceso o los amigos del palacio real”, asegura el abogado Abelaziz Nouyidi. Tal es el grado de perversión de la Justicia que “cuando los jueces no reciben instrucciones explícitas sobre un determinado caso actúan normalmente en línea con lo que ellos creen que son las preferencias del ministerio”, afirma el letrado Nouyidi.
Jueces dóciles
No sólo el peso decisivo de ministerio perjudica la independencia de los jueces. Filali Meknassi, de la rama marroquí de la organización Transparency Internacional, “subraya que la creciente propensión a la corrupción ha hecho que los jueces sean dóciles y no se quejen cuando reciben instrucciones de arriba”. Al final de su carrera un juez puede llegar a cobrar 3.050 euros mensuales, pero ese sueldo no está en relación con la espléndido tren de vida del que disfrutan muchos magistrados, sostiene Meknassi de Transparency International.
Por último, la incompetencia de los jueces es otro obstáculo que dificulta su independencia. Un magistrado reconoció a los diplomáticos de EE UU que “un número sorprendentemente elevado de jueces no conocen lo suficientemente bien la legislación como para aplicarla correctamente (…)”. Recurren a las orientaciones del Ministerio de Justicia como una “muleta” para compensar sus deficiencias.
Aunque el informe no lo recuerda la ausencia durante largos años de constructoras españolas en Marruecos tiene su origen en una sentencia judicial. La Dirección de Puertos marroquí adjudicó en 1996 a FCC la construcción en Agadir de un muelle, la prolongación de otro y de un contramuelle por importe de 20 millones de euros financiados con un crédito blando español.
En 1998, cuando el 80% del contrato estaba ejecutado, el Ministerio de Obras Públicas marroquí puso en duda la estabilidad de las dársenas ?que FCC niega?, paralizó la obra y confiscó el material. La empresa española demandó a la Dirección de Puertos por incumplimiento del contrato ante el Tribunal Administrativo de Agadir y fue multada en 2001 con 11 millones de euros. El veredicto provocó la espantada de las constructoras españolas.
La Embajada de EE UU también reprocha al Ministerio de Justicia haberse adaptado, entre 2003 y 2008, a la “creciente presencia de los salafistas [islamistas radicales] en las cárceles garantizándoles cada vez más privilegios”, según señala un exhaustivo informe de mayo de 2009. La fuga, en abril de 2008, de nueve relevantes presos islamistas de la cárcel de Kenitra, incitó al rey a traspasar la Administración penitenciaria del Ministerio de Justicia a la Presidencia del Gobierno, en la práctica la hizo depender aún más de palacio, y colocó al frente a un ex director de la policía, Moulay Hafid Benhachem.
Trapicheos en las prisiones
Éste “puso fin a la política de apaciguamiento con los reos salafistas -concentrados en Tetuán, Salé y Casablanca- que habían logrado unos privilegios sin precedentes”, recuerda el informe. Aún así “siguen aún teniendo un fácil acceso a los móviles” y se aprovechan de los trapicheos en la prisión. “Con el apoyo de Mohamed VI y un presupuesto más generoso, Benhacem mejoró la seguridad, incrementó las raciones alimenticias y puso en marcha un ambicioso programa de construcción de edificios aunque los problemas persisten”, recalca la Embajada.
¿Cuáles son los problemas? En las 59 cárceles marroquíes había hace un año 60.000 presos -los islamistas rondan el millar- que disponían de 1,6 metros cuadrados por persona aunque el objetivo era ampliarlo a tres metros. Las normas internacionales estipulan nueve metros por penado. El Estado marroquí se gastaba 0,75 céntimos de euro al día por cada penado. Cerca de la mitad de los reos estaban en prisión preventiva. De ahí el hacinamiento que solo alivian los masivos indultos concedidos por Mohamed VI con motivo de las grandes fiestas religiosas.
Tags : Marruecos, Sahara Occidental, Justicia, Wikileaks, trapicheo, tráfico, derechos humanos, corrupción,
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