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Mañana (14 de octubre), el Consejo de Seguridad celebrará una sesión informativa abierta sobre Colombia. El Representante Especial y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, informará sobre los últimos acontecimientos y el último informe de 90 días del Secretario General sobre la misión, que abarca el período comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre. Dos representantes de la sociedad civil, un líder juvenil indígena y un activista afrocolombiano, también informarán al Consejo. Colombia estará representada por su vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Está previsto que las consultas a puerta cerrada sigan a la sesión informativa abierta.
La reunión de mañana tiene lugar antes de varios hitos, entre ellos el quinto aniversario del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de noviembre de 2016 entre el gobierno de Colombia y el antiguo grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Por lo tanto, además de debatir la evolución de la situación durante el periodo de presentación del informe del Secretario General, se espera que los ponentes y los miembros del Consejo hagan un balance de la aplicación del acuerdo de paz en los últimos cinco años. Es posible que señalen que se han realizado importantes avances -incluidos los procesos de justicia transicional estipulados en el acuerdo- y que reflexionen sobre el valor crucial del acuerdo de paz para la sociedad colombiana. Sin embargo, es probable que subrayen que los desafíos siguen complicando la implementación del acuerdo de 2016. Estos incluyen la violencia persistente contra las comunidades (incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas), los ex miembros de las FARC-EP, los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales.
Los oradores de la reunión de mañana podrían destacar que este es un periodo crucial para Colombia, ya que el país se prepara para las elecciones al Congreso y a la Presidencia que tendrán lugar en marzo y mayo de 2022, respectivamente. (Serán las segundas elecciones desde la firma del acuerdo de paz, ya que las anteriores tuvieron lugar en 2018). En este sentido, Ruiz Massieu y los miembros del Consejo pueden celebrar la promulgación por parte del gobierno de una ley en agosto por la que se crean 16 “distritos electorales especiales de transición para la paz”. El establecimiento de estos distritos electorales se estipuló en el acuerdo de 2016, con el objetivo de promover la participación de las poblaciones históricamente excluidas en las zonas afectadas por el conflicto, incluidos los miembros de las comunidades indígenas y los representantes de las organizaciones de víctimas y de mujeres. De acuerdo con la nueva ley, se abrirán 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Colombia para los periodos congresuales 2022-2026 y 2026-2030 únicamente para miembros de estos grupos: los representantes de los principales partidos políticos no pueden presentarse a estos escaños.
Es probable que en la reunión de mañana se insista en la necesidad de que las autoridades faciliten la celebración de unas elecciones inclusivas y seguras. Algunos oradores podrían expresar su preocupación por el aumento de las posibilidades de amenazas y ataques contra candidatos y activistas políticos durante el proceso electoral. Podrían señalar que las zonas en las que se han establecido las circunscripciones electorales especiales de transición para la paz experimentan una violencia persistente, que incluye altos índices de asesinatos de líderes sociales y políticos. En este sentido, los oradores podrían subrayar que es muy urgente aplicar las garantías de seguridad estipuladas en el acuerdo de 2016 y consolidar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
Es probable que los miembros del Consejo estén interesados en escuchar las opiniones de los representantes de la sociedad civil sobre las dificultades a las que se enfrentan sus comunidades. El informe del Secretario General destaca que los territorios indígenas y afrocolombianos caracterizados por la pobreza y la escasa presencia del Estado se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia. Señala además que “la implementación de la reforma rural integral y las acciones para fortalecer la presencia integral de las instituciones del Estado marcarían la mayor diferencia en la interrupción de la violencia” en estas zonas.
Como ha sido el caso en reuniones anteriores sobre Colombia, se espera que muchos miembros del Consejo expresen su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -que está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas- y enfaticen la importancia de proteger a las personas que contribuyen a su trabajo, incluyendo a quienes brindan testimonios. Los miembros pueden hacer referencia a los avances en el trabajo de la SJP, incluyendo su presentación en agosto de una estrategia para investigar el reclutamiento forzado y la utilización de niños durante el período comprendido entre 1996 y 2016.
Es probable que varios miembros acojan con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional colombiana de prorrogar el mandato de la Comisión de la Verdad, que expiraba el 28 de noviembre de acuerdo con los términos del acuerdo de paz de 2016. A raíz de una petición presentada en julio por organizaciones de víctimas, que sostenían que la pandemia del COVID-19 había obstaculizado la capacidad de la comisión para reunirse con las comunidades afectadas por el conflicto, la Corte Constitucional decidió el 1 de octubre prorrogar el mandato de la Comisión de la Verdad por nueve meses más, hasta el 27 de agosto de 2022. Dentro de ese periodo, la comisión deberá publicar su informe final en siete meses, para el 27 de junio de 2022 -que será después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022- y trabajará en los dos meses siguientes en la familiarización del público con el informe. En la reunión de mañana, algunos miembros podrían pedir que se mantenga un enfoque centrado en las víctimas y se evite la politización del informe de la comisión.
Los miembros del Consejo podrían subrayar la importancia del diálogo entre las partes para abordar los retos a corto y largo plazo de la aplicación del acuerdo de paz. En este sentido, pueden animar a las partes a utilizar los mecanismos establecidos por el acuerdo de 2016, como la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Aplicación del Acuerdo Final (CSIVI). Noruega, miembro del Consejo -que actúa como garante del acuerdo de paz de 2016, junto con Cuba-, participa en las reuniones de la CSIVI. Algunos miembros, sobre todo Rusia, han pedido al gobierno que dialogue con los grupos armados que no han firmado el acuerdo de paz, como el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Es probable que en la reunión de mañana se destaque la importancia del apoyo continuo de la comunidad internacional, y en particular del Consejo de Seguridad, al proceso de paz en Colombia. Es posible que algunos miembros señalen la necesidad de que el Consejo escuche los puntos de vista de ambos firmantes del acuerdo de paz de 2016 sobre los distintos aspectos de su implementación.
Como preparación para la reunión de mañana, los miembros del Consejo se reunieron con representantes tanto del gobierno como del partido Comunes (compuesto por antiguos miembros de las FARC-EP) para discutir sus puntos de vista sobre el último informe del Secretario General. El 4 de octubre, la embajada de Noruega en Bogotá convocó una reunión en persona entre representantes del partido Comunes y varios embajadores en el país de los miembros no permanentes del Consejo. El 11 de octubre, los expertos del Consejo participaron en una reunión virtual con el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, organizada por la Misión Permanente de Colombia ante la ONU. También se celebraron reuniones similares antes de la reunión trimestral del Consejo sobre Colombia de julio.
De cara al futuro, el Consejo deberá renovar el mandato de la misión de verificación antes de que expire el 31 de octubre. En la resolución 2574 del 11 de mayo, el Consejo amplió el mandato de la misión de verificación para incluir la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la JEP. (Se espera que la JEP comience a dictar sus sentencias a principios de 2022). Los miembros del Consejo pueden utilizar las consultas a puerta cerrada para preguntar a Ruiz Massieu sobre los avances en el trabajo preparatorio realizado por la misión de verificación antes de emprender esta nueva tarea.
Security Council Report, 13/10/2021
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