Argelia, España, Pedro Sánchez, Sahara Occidental, Marruecos,
La crisis política y diplomática entre Argelia y España no parece tener un futuro brillante. La fractura entre ambos países se ha agravado en los últimos días con la decisión tomada por Argel de suspender el tratado de amistad firmado con Madrid en octubre de 2002. Este ambicioso documento está haciendo aguas que se desbordan en las relaciones de nuestro país con la Unión Europea.
Por Feriel Nourine
Desde que la crisis política se apoderó de las relaciones entre Argelia y España, tras la marcha atrás del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cuestión del Sáhara Occidental, anunciada el 18 de marzo, no ha habido ningún signo de relajación en beneficio de la vuelta a la normalidad entre ambos países, especialmente por parte del mismo Sánchez.
Este último permanece impasible ante los múltiples desafíos en su país, pero también en la escena internacional, que no han sido capaces de devolverle la razón a la Carta de la ONU y provocar una operación diplomática capaz de rebajar la tensión entre Argel y Madrid.
Por el contrario, tras la retirada inmediata por parte de Argelia de su embajador en España, como primera respuesta diplomática al giro del gobierno español, esta crisis tomó una tendencia ascendente, pasando por una serie de picos, antes de llegar a un punto de ruptura el pasado miércoles, con la decisión de Argelia de cortar los lazos con España suspendiendo el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación que les une desde 2002.
A esto le siguió, pocas horas después del anuncio de esta suspensión, la instrucción de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABEF) a los bancos argelinos, ordenándoles que congelaran todos los débitos directos de las operaciones comerciales hacia y desde España, a partir del jueves 9 de junio.
Esta primera medida, por parte de Argelia, en el marco de la anunciada ruptura tuvo el efecto de una bomba para las autoridades españolas y toda la clase política de este país, así como para muchos operadores económicos que exportan sus productos a Argelia.
La preocupación es tanto mayor cuanto que la medida económica adoptada por Argel corre el riesgo de extenderse al suministro de gas argelino a España, que es actualmente la principal preocupación de Madrid. Finalmente no es así, y las autoridades argelinas se apresuraron a tranquilizar al pueblo español reiterando el compromiso de Argelia al respecto.
Mientras tanto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no dudó en declarar que si Argelia “decidiera cortar el suministro de gas a España”, su país “acudiría a los tribunales y al arbitraje internacional”.
No obstante, la ministra española aseguró a un medio de comunicación español que estaba “convencida” de que el suministro de gas “seguirá funcionando como hasta ahora”, explicando que “está incluido en los contratos comerciales entre la compañía argelina Sonatrach y las empresas españolas”.
La Sra. Ribera también reiteró sus declaraciones anteriores sobre las relaciones entre su gobierno y el gobierno argelino. España tiene “un gran respeto por el gobierno argelino”, dijo.
“No nos gustó la decisión de romper el tratado de buena amistad”, dijo, y añadió que su país estaba “abierto a reanudar esta relación lo antes posible”.
Una reanudación difícil
Una reanudación que parece difícil, por no decir imposible, con un gobierno español que sigue defendiendo su posición en la cuestión del Sahara. Esto es lo que ha hecho de nuevo la señora Ribera, defendiendo de forma poco disimulada la marcha atrás de su Presidente del Gobierno. Las relaciones entre Marruecos y Argelia “conciernen a ambos países, y esto no debe afectar en absoluto a la buena relación entre España y cada uno de ellos”, dijo, subrayando que su Gobierno también desea “tener buenas relaciones con Marruecos”.
Salvo que las “buenas relaciones con Marruecos” deseadas por Madrid se están tejiendo en detrimento de la causa saharaui y en beneficio del ocupante marroquí a través de su plan de autonomía marroquí, que intenta promover, aunque sea en contra de la legalidad internacional que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y al respeto de las fronteras de su país.
En otras palabras, el gobierno español está acampando en su nueva posición y tratando de hacer valer su inversión. En consecuencia, cualquier posibilidad de consultas para distender el ambiente entre Argel y Madrid queda anulada, aunque Pedro Sánchez esté actuando en contra de los intereses económicos de España en su asociación con Argelia.
De hecho, si las entregas de gas argelino no se ven cuestionadas por los últimos acontecimientos que han dificultado aún más la vuelta a la normalidad entre ambos países, muchas empresas españolas se arriesgan a sufrir graves consecuencias tras la decisión de ruptura. Estas empresas operan en diversos sectores e industrias y representan unos 2.000 millones de euros de exportaciones a Argelia.
La UE se involucra, Argel se defiende
Con el giro que está tomando la crisis entre Argelia y España, la Unión Europea no ha tardado en reaccionar, intentando dar al asunto una dimensión europea y hacer que las medidas adoptadas por Argelia supongan un riesgo para el acuerdo de asociación UE-Argelia.
En una declaración conjunta, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, y el vicepresidente de la Comisión para el Comercio, Valdis Dombrovskis, calificaron la decisión de “extremadamente preocupante”.
“Estamos evaluando las implicaciones de las acciones de Argelia”, incluyendo la instrucción a los bancos “de detener las transacciones entre los dos países, lo que parece ser una violación del acuerdo de asociación UE-Argelia, en particular en el ámbito del comercio y la inversión”, dijeron.
“Esto llevaría a un tratamiento discriminatorio de un Estado miembro de la UE y socavaría el ejercicio de los derechos de la Unión en virtud del acuerdo”, subrayaron los dos funcionarios de la UE, tras una reunión en Bruselas con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
La UE “está dispuesta a oponerse a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas contra un Estado miembro”, amenazaron.
Argelia se apresuró a replicar el viernes por la noche, lamentando “la precipitación con la que la Comisión Europea ha reaccionado, sin consulta ni verificación previas con el gobierno argelino”.
La misión argelina ante la UE ha lamentado que la Comisión “no haya garantizado que la suspensión de un tratado político bilateral con un socio europeo, en este caso España, no afecte directa o indirectamente a sus compromisos contenidos en el Acuerdo de Asociación Argelia-UE”.
“En cuanto a la supuesta medida de detener las transacciones actuales con un socio europeo por parte del Gobierno, en realidad sólo existe en la mente de quienes la reclaman y de quienes se han apresurado a estigmatizarla”, añadió la representación argelina en un comunicado.
En cuanto a la posible interrupción de los suministros de gas a España que implicaría la decisión del miércoles, Argel se esforzó por desmentirla, recordando que “Argelia ya ha hecho saber por la voz más autorizada, la del Presidente de la República, que seguirá cumpliendo todos sus compromisos contraídos en este contexto, a expensas de que las empresas comerciales afectadas asuman todos sus compromisos contractuales”.
Reporters, 12/06/2022
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