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Vigilancia, campañas de desprestigio, intimidación, prisión tras un juicio injusto
(Nueva York) – Las autoridades marroquíes están utilizando tácticas indirectas y encubiertas para silenciar a activistas y periodistas críticos con el régimen, ha señalado Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El objetivo de estas estrategias es preservar la codiciada imagen de Marruecos como país “moderado” y respetuoso con los derechos, cuando en realidad se está volviendo cada vez más represivo.
En el informe de 129 páginas, titulado “They’ll Get You No Matter What: Morocco’s Playbook to Crush Dissent” (“Te atraparán pase lo que pase: el libro de tácticas de Marruecos para reprimir la disidencia”), Human Rights Watch documenta una serie de tácticas que, cuando se utilizan conjuntamente, conforman un ecosistema de represión, con el objetivo no solo de silenciar las voces disidentes, sino de ahuyentar a todos los posibles críticos. Las estrategias incluyen juicios injustos y largas penas de prisión por cargos penales no relacionados con la expresión, campañas de acoso y desprestigio en medios de comunicación afines al Estado y la persecución de los familiares de los disidentes. Voces críticas del Estado también han sido sometidas a vigilancia mediante video y medios digitales, y en algunos casos a intimidaciones y agresiones físicas que la policía no ha investigado adecuadamente.
“Las autoridades utilizan un manual de tácticas turbias para reprimir a la disidencia mientras se esfuerzan por mantener intacta la imagen de Marruecos como país respetuoso con los derechos”, afirmó Lama Fakih, directora de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería abrir los ojos, reconocer la represión como lo que es y exigir que cese inmediatamente”.
Human Rights Watch documentó 8 casos de represión multifacética, que implican 12 juicios y numerosos objetivos asociados. Para ello, entrevistó a 89 personas dentro y fuera de Marruecos, entre ellas personas sometidas a acoso policial o judicial, sus familiares y amigos cercanos, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y políticos, abogados, periodistas y testigos de juicios. Human Rights Watch también asistió a 19 sesiones de juicios de varios disidentes en Casablanca y Rabat, revisó cientos de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, e hizo un seguimiento cercano a los medios de comunicación afines al Estado durante más de dos años.
Desde que el rey Mohamed VI subió al trono de Marruecos en 1999, Human Rights Watch ha documentado decenas de condenas a periodistas y activistas por cargos relacionados con la libertad de expresión, en violación de su derecho a la misma. Estos juicios continúan. Paralelamente, las autoridades han perfeccionado un enfoque diferente para los detractores más destacados, procesándolos por delitos no relacionados con la expresión, como el blanqueo de dinero, el espionaje, la violación, la agresión sexual, e incluso la trata de personas.
Estas graves acusaciones penales deben ser investigadas sin discriminación, y los responsables deberían ser llevados ante la justicia en juicios que respeten el debido proceso y sean justos para todas las partes, señaló Human Rights Watch. El informe evalúa si el proceso judicial en estos casos respetó las normas internacionales que rigen el derecho a un proceso justo.
En los juicios examinados, Human Rights Watch descubrió que los disidentes, sus familiares o sus asociados fueron condenados sobre la base de acusaciones que, por su propia naturaleza, violaban los derechos humanos internacionalmente reconocidos o, cuando las acusaciones eran legítimas, sobre la base de procedimientos injustos que violaban numerosas garantías de un juicio justo. Los problemas de procedimiento incluían la detención preventiva sin justificación individualizada, la denegación del acceso de los acusados a sus expedientes durante períodos prolongados, la denegación de las peticiones de la defensa para oír y contrainterrogar a los testigos materialmente relevantes, y la condena de los acusados encarcelados en su ausencia después de que la policía no los llevara al tribunal.
En su agresiva persecución de disidentes, incluso por cargos graves, las autoridades han violado los derechos de sus allegados, parejas, familias e incluso de personas que las autoridades alegan que son sus víctimas.
En un caso, un tribunal condenó a Afaf Bernani por “difamar a la policía”, después de que ésta los acusara de falsificar una declaración en la que parecía afirmar que había sido agredida sexualmente por su antiguo jefe, Taoufik Bouachrine, director del último periódico impreso crítico en Marruecos. Bernani negó rotundamente haber hecho tal acusación. Bouachrine fue posteriormente condenado a 15 años de prisión en 2019 por múltiples acusaciones de agresión sexual; Bernani ha huido al exilio.
Las investigaciones de Amnistía Internacional y el consorcio periodístico Forbidden Stories descubrieron que las autoridades marroquíes estaban detrás del hackeo de los teléfonos inteligentes de varios periodistas y defensores de los derechos, junto con posiblemente miles de otras personas, utilizando el programa espía Pegasus, entre 2019 y 2021. Una vez que infecta un teléfono inteligente, Pegasus otorga a las partes vinculadas al gobierno acceso sin restricciones a todo el contenido del dispositivo.
Una de las víctimas de Pegasus cuyo caso examinó Human Rights Watch, el economista y activista de derechos Fouad Abdelmoumni, también fue sometido a videovigilancia. Tras desafiar las amenazas proferidas por personas anónimas si no moderaba sus críticas a las autoridades, su familia recibió videos filmados en secreto en los que aparecía en situaciones íntimas con su entonces prometida. En Marruecos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un delito castigado con la cárcel y motivo de estigmatización social, especialmente para las mujeres.
Acabaran o no en los tribunales o en la cárcel, todas las personas cuyos casos examinó Human Rights Watch fueron blanco de campañas de desprestigio generalizadas por parte de una constelación de sitios web que un grupo de 110 periodistas independientes marroquíes denomina “medios de difamación” y que supuestamente tienen vínculos con la policía y los servicios de inteligencia de Marruecos.
Los sitios web suelen publicar artículos sobre figuras críticas del Estado que incluyen insultos e información personal, como registros bancarios y de propiedad, capturas de pantalla de conversaciones electrónicas privadas, acusaciones sobre relaciones sexuales o amenazas de exponerlas, junto con detalles biográficos íntimos sobre los familiares, amigos y partidarios de las víctimas.
Disidentes entrevistados afirman que la sola perspectiva de ser blanco de estos medios les disuade de hablar. “Hay un clima inquisitivo”, dijo Hicham Mansouri, un periodista que obtuvo asilo en Francia tras pasar 10 meses en prisión en Marruecos por adulterio. “Sexo, drogas, alcohol… si no pueden encontrar nada, inventarán acusaciones [contra ti]”.
Otras tácticas documentadas incluyen la vigilancia física y la persecución de la familia. Hajar Raissouni, periodista condenada por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio con su prometido y por practicar un aborto ilegal, declaró que la policía la interrogó sobre dos de sus tíos, reconocidos disidentes. Los agentes también le dieron detalles sobre su relación con su entonces prometido, incluyendo las fechas y horas en las que paseaba a su perro y el nombre del animal.
Las estrategias documentadas por Human Rights Watch violan las obligaciones internacionales de Marruecos en materia de derechos humanos, como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho al debido proceso y a un juicio justo para las personas acusadas de un delito.
“Lo que al principio parecen ser casos regulares de aplicación de la ley y actos dispersos de acoso y difamación en los medios de comunicación, resultan ser, cuando se conectan los puntos, un manual de jugadas en toda regla para aplastar la disidencia”, dijo Fakih. “Los aliados internacionales de Marruecos deberían reconocerlo como lo que es, y denunciar a Marruecos por ello, de forma fuerte y contundente”.
Human Rights Watch, 28/07/2022
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