El Sahara Occidental, antigua colonia española en África, fue progresivamente abandonada por España a partir de 1975. Ante esta situación, la Corte Internacional de Justicia declaró el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero, el 6 de noviembre del mismo año, el rey Hassan II, aprovechando la crisis política que atravesaba el régimen franquista en el Estado español, ordenó la Marcha Verde, en la que 350.000 colonos civiles y 25.000 militares de origen marroquí ocuparon el Sahara Occidental. Así buscaba apoyo y legitimación para la anexión de este territorio al reino de Marruecos, además de impedir la celebración de un referéndum que pudiera legitimar la independencia del pueblo saharaui, en vista del más que previsible resultado.
La operación fue “vendida” a la opinión pública europea como una “invasión pacífica de la población autóctona”, a pesar de que paralelamente a la ocupación civil se producía la invasión militar del territorio y de que la humilde población marroquí ocupante, que difería bastante en usos, ritos y costumbres del pueblo saharaui, cruzaban la frontera ante las promesas de una vida mejor. Como consecuencia del asedio militar, se produjeron enfrentamientos violentos que obligaron a la mayor parte de saharauis a iniciar el éxodo hacia lo que debía ser un refugio provisional. Así, cruzaron 600 kilómetros de desierto hasta el emplazamiento actual de los campamentos, una zona árida e inhóspita al sur de Tinduf, en Argelia.
Semanas más tarde de la Marcha, en medio de la agonía del general Franco, se celebraron los Acuerdos Tripartitos de Madrid por los que el Gobierno español cedía a Mauritania la administración del tercio sur del territorio saharaui y a Marruecos los dos tercios más al norte. A cambio, se reservaba importantes derechos de pesca y explotación de los ricos depósitos de fosfato. Pero los acuerdos alcanzados mostraban total menosprecio al pueblo saharaui y hacían oídos sordos a la Corte Internacional de Justicia, que había establecido claramente que ningún estado tenía título de soberanía alguno sobre el territorio.
Como reacción a estos ataques y vulneraciones de derechos humanos, en 1976, el Frente Polisario, grupo independentista reconocido por la ONU como único y legítimo representante del pueblo saharaui, declaró la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e inició una guerra de liberación nacional contra Marruecos y Mauritania para recuperar su lugar en el mundo. La RASD ha logrado el reconocimiento diplomático de más de ochenta países, si bien este número varía dependiendo de la fuente. En su gran mayoría, son países latinoamericanos y africanos. Sin embargo, ningún país europeo ha reconocido a la República Saharaui. El Estado español tampoco, a pesar de tener, como antigua potencia colonial, la responsabilidad legal y moral de amparar su independencia.
En 1979, Mauritania se retiró del conflicto y reconoció a la RASD. Con Marruecos la lucha se prolongaría aún durante una década, hasta que se viera en la obligación de negociar, dada la sangría que suponía para su economía el mantenimiento del conflicto bélico. El 6 de septiembre de 1991, finalmente, entró en vigor el alto el fuego, punto de partida para la aplicación del Plan de Arreglo negociado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1988, que debía conducir a la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo de seis meses. Según lo pactado se plantearían dos opciones únicas a consulta: la independencia del territorio o su integración en Marruecos. El censo de las personas que podrían participar en el referéndum también fue pactado y delimitado.
Al estallar la guerra civil en Argelia, Marruecos forzó nuevamente el aplazamiento del referéndum con la esperanza de que Argelia retirase su apoyo al pueblo saharaui, pero nunca ocurrió. Desde entonces el Gobierno marroquí no cesó de posponer indefinidamente la celebración del referéndum, objetivo último pactado en el plan de paz. Utilizaron infinidad de obstáculos para minar el proceso de identificación de votantes hasta que, en el año 2000, se confeccionó un censo con rigor y mediación de Naciones Unidas. En ese momento, Marruecos abandonó el Plan de Paz acusando de parcialidad a la ONU y dejando en evidencia sus verdaderas intenciones. Estas tácticas dilatorias respondían a su empeño por mantener la situación de ocupación del Sahara Occidental y realizar, mientras tanto, proyectos de desarrollo económico en su propio beneficio y de las potencias europeas y occidentales, cómplices de esta injusticia.
Abandonado el Plan de Paz, Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, encomendó a James Baker –enviado especial del organismo internacional para el Sahara– plantear una solución aceptable para ambas partes al margen del Derecho Internacional. El “Plan Baker”, formulado en 2003, preveía un proceso de cinco años de autonomía limitada para el pueblo saharaui que culminase en una consulta para decidir el futuro del territorio. Participarían, además de los/as saharauis del censo de la ONU, la población colona marroquí, que ya triplicaba a la población saharaui. El Frente Polisario aprobó esta propuesta pero no así Marruecos. La razón de su negativa es que el Gobierno marroquí no confiaba en la propia población colona.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene capacidad para imponer una solución concreta, como fuera el Plan de Arreglo, que además de haberse negociado libremente por las partes, tenía su visto bueno. Pero el veto de Francia, incondicional aliado de Marruecos, impide esta solución, por lo que el proceso de paz se encuentra en un callejón sin salida. Las Naciones Unidas han afirmado abiertamente que el conflicto debe resolverse mediante el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. Pese a ello, mirando a otro lado, la Unión Europea, entre ellos países como España, negocia ilegalmente con Marruecos la explotación de los recursos naturales del territorio (pesca, fosfatos…).
Mientras tanto, el pueblo saharaui sigue resistiendo la situación fraccionado en dos partes, entre quienes sufren la brutal ocupación y represión militar marroquí en su propia tierra, y quienes desde entonces sobreviven gracias a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados/as en Argelia.
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