Informe de Unión General de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO) – 11 de julio de 2019
Los derechos económicos, sociales y culturales son considerados Derechos Humanos de los que debe disfrutar cualquier persona sin discriminación, y los garantizan todos los pactos internacionales y regionales legalmente vinculantes, particularmente, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Sáhara Occidental cuenta con recursos naturales, minerales y pesqueros, que son explotados y saqueadnos sistemáticamente por Marruecos sin respetar las cartas y resoluciones internacionales relativas a los territorios cuyos pueblos aún no han ejercido su derecho a la autodeterminación, según la Opinión del Asesor Legal de las Naciones Unidas, Hans Corell, emitida el 2 de febrero de 2002 sobre este asunto.
Marruecos tampoco ha respetado el principio que establece que la explotación de los recursos naturales debe pasar por la aprobación del pueblo saharaui, ya que es el propietario legítimo y poseedor de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todas las actividades económicas han de contribuir a que el pueblo de este territorio pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
Marruecos saquea las minas de fosfato en Bucraa, con la exportación del mineral a numerosos países y en ausencia total de cualquier estadística clara que especifique el alcance del beneficio del pueblo saharaui residente en la parte oeste del muro marroquí.
Marruecos se aprovecha, igualmente, de los recursos pesqueros mediante la firma de acuerdos con la Unión Europea, que permiten la pesca en aguas territoriales a lo largo de la costa del Sáhara Occidental, crea numerosas aldeas pesqueras donde habitan miles de ciudadanos de origen marroquí que, a su vez, colaboran en el saqueo de la riqueza pesquera y habilita para pescar a gigantescas flotas marítimas que son propiedad de altos cargos civiles y militares marroquíes. Todo esto en detrimento de la pesca tradicional que practican cientos de pesqueros saharauis.
En este marco, la vicepresidenta del parlamento europeo y miembro de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, atestiguó, tras finalizar su visita y la delegación que le acompañaba al Sáhara Occidental en 2018, la realidad tan deplorable y deteriorada de la situación de los Derechos Humanos y la privación de los ciudadanos saharauis del derecho de beneficiarse de sus recursos naturales. Ello fue ratificado por un grupo de defensores saharauis de Derechos Humanos con los que se reunió durante su visita. Con esto, llamaba a la necesidad de defender el Derecho Internacional mediante la votación en contra del acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que incluye las aguas del Sáhara Occidental, afirmando que “hay que estar del lado de los principios del derecho internacional, en lugar de firmar acuerdos que violan claramente el estado de derecho y el derecho de los trabajadores y la ciudadania saharaui en la reunificación y el ejercicio del derecho a la autodeterminación […]”.
A pesar de ello, Marruecos sigue violando los derechos del pueblo saharaui, especialmente, en los territorios ocupados, donde lleva a cabo una feroz política de opresión, discriminación, exclusión y privación de los saharauis de sus recursos naturales y de su derecho a un trabajo digno.
A lo largo del pasado año, numerosos parlamentarios europeos, condenaron “el hostigamiento y la presión financiera que las autoridades marroquíes llevan a cabo contra los activistas y la población saharauis en general debido a sus posturas políticas de reivindicación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, y su lucha pacífica por los Derechos Humanos y la libertad de expresión”.
En este sentido, diferentes eurodiputados, entre estos Paloma López, lamentaron en una carta al Parlamento Europeo, de la privación de numerosos empleados saharauis de sus salarios, entre ellos están Minatu Haidar, Maina Baali, Mbarka-Alina Baali, Ali-Salem Tamek, El-Uali Malainin, Mohamed Mayara, Sidi Mohamed Alauat y Omar Endur, asegurando que a otros activistas, como Fatimatu Bara y Mohamed Saleh Dial, se le retiraron las licencias de su trabajo.
Se anularon las tarjetas de ayuda social de otros trabajadores/as y activistas saharauis como es el caso de Fatma Daraa, Mahfud Lafguir, Husein Nasri, Abdel-Karim Mbeirkat, Gaymula El-Ismaeli y Saleh Mailid. También, denunció la discriminación y la violación explícita del Derecho Internacional, especialmente, el Artículo 20 del Acuerdo Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, del cual, Marruecos es parte.
Además, y en su carta al Parlamento Europeo, los eurodiputados consideraron que “este tipo de hostigamiento sistemático en contra de los empleados y activistas saharauis contradice los requisitos del Artículo 20 del acuerdo celebrado entre la Unión Europea y Marruecos, y el cual hace hincapié en “Respetar los principios democráticos de los Derechos Humanos básicos, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y las políticas interiores e internacionales de la Unión Europea y Marruecos constituyen un elemento principal del acuerdo”.
Casos de desempleados saharauis que han fallecido y a los que sus familias no han sido indemnizadas:
El caso de “Mohamed Ali Masak”:
La familia de Mohamed Ali Masak responsabilizó a Marruecos del fallecimiento de su hijo el 17 de septiembre de 2016و en la clínica médica El-Atlas en Marrakech, Marruecos, por negligencia médica y demora intencionada en su traslado a un hospital especializado para completar el tratamiento de hepatitis C.
Su familia y un grupo de sus amigos emprendieron numerosas luchas para garantizar su derecho a recibir un tratamiento y medicación sin éxito, fallece en el mismo año.
La familia afirma que contactó con el Ministerio de Salud marroquí hasta en cuatro ocasiones, hasta el día de hoy las autoridades marroquíes guardan silencio y no han facilitado a la familia del fallecido ninguna información.
Cabe destacar que el joven saharaui “Mohamed Ali Masak” nacido en 1979 en El-Aaiún, Sáhara Occidental, obtuvo el título en 2003 de la facultad de Artes y Humanidades El-Gadi Ayach en Marrakech, Marruecos.
El caso de Brahim Saika: la causa sigue abierta
La familia del fallecido saharaui Brahim Saika, miembro del Movimiento de los Desempleados Saharauis, presentó denuncias al procurador general del rey en el Tribunal de Apelación en Agadir, Marruecos, solicitando revelar las condiciones y circunstancias del fallecimiento de su hijo, detenido por la policía marroquí en la comisaría policial de Gleimin, Sur de Marruecos, antes de ser trasladado a la prisión local en Buzcarna, sur de Marruecos. A pesar de haber declarado que sufrió torturas físicas cuando compareció el 3 de abril de 2016 ante el procurador general del rey del juzgado de primera instancia en la ciudad de Gleimim, sur de Marruecos, este decidió juzgarle por delitos menores.
Desde entonces, las autoridades marroquíes no han respondido a las peticiones de la familia del fallecido para realizar una investigación judicial independiente e imparcial, y llevar a cabo los procedimientos legales, juzgando a los responsables de su fallecimiento.
Como ejemplo, Marruecos continúa negándose a llevar a cabo investigaciones justas e independientes acerca de numerosos casos de defunción de ciudadanos saharauis, cuyas familias presentaron denuncias ante los órganos de Justicia marroquíes para conocer las circunstancias y condiciones del fallecimiento de sus hijos.
A pesar de que las familias de los fallecidos presentaron estas quejas, la Justicia marroquí siguió negándose a responder a sus peticiones, incluso se atrevió a emitir permisos y notificaciones que ayudaron a las autoridades marroquíes a enterrar los cuerpos de muchos de estos fallecidos en ausencia total de sus familiares.
El caso de Abdelrahman Ziua:
El 1 de junio de 2019, las autoridades de ocupación marroquíes trasladaron al presidente de la Asociación de Protección de los Presos Saharauis en las Cárteles Marroquíes, Abdelrahman Ziua, de manera forzosa de la capital ocupada El-Aaiún a la ciudad de Sragna al norte de Marrakech. El hecho, según la Asociación, se produjo como represalia por su activismo dentro de la asociación, la cual se ocupa de los asuntos de los detenidos civiles saharauis en las cárceles marroquíes.
El caso de Hamadi Nasri y Gabal Banahi:
El 20 de abril de 2017, las autoridades marroquíes suspendieron de sueldo ,tanto al defensor de Derechos Humanos y ex preso político Hamadi Nasiri, presidente de la Organización Sol de la Esperanza, como a la activista de Derechos Humanos Gabal Banahi Jauda miembro de la misma organización. Se apoyaron en la aplicación de la práctica de privación de ingresos económicos afectando a estos dos y a otros muchos saharauis en deferentes actividades debido a sus posturas políticas y actividades en contra de la ocupación marroquí.
El caso de Hasana Duehi:
Las autoridades de ocupación marroquíes emitieron en 2018 una decisión arbitraria en contra del empleado y activista de Derechos Humanos Hasana Duehi con el fin de alejarlo por la fuerza de su trabajo en El-Aaiún y trasladarlo a Bojador. El 24 de mayo de 2019, un tribunal administrativo de la ciudad de Marrakech, decidió anular el fallo de un Tribunal Primera Instancia que se había pronunciado, con anterioridad, en contra de la decisión del traslado y deportación forzosa.
El caso de Mohamed Meyara
Expulsión del trabajo y suspensión de sueldo como medios para disuadirlo de su actividad como periodista independiente
Mohamed Meyara es uno de los fundadores del portal electrónico “Equipe Media” y su coordinador general, además de ser uno de los fundadores de la Organización Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí. Su padre fue torturado y asesinado cuando era un niño. Luchó por volver a su trabajo tras haber sido despedido del mismo en 2017, por su participación en una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En 2011, obtuvo trabajo como profesor de historia en una de las escuelas secundarias en la ciudad de El-Aaiún, como parte de la labor de la Comisión de Equidad y Reconciliación, que se creó con el fin de indemnizar a las víctimas de la etapa conocida como “años de plomo”, cuando reinaba Hassan II. A pesar de ello, su sueldo se suspendió en agosto de 2013 sin previo aviso ni explicación alguna. Afirmó que intentó indagar sobre las causas de esa decisión, pero se le notificó que la medida fue dictada por el Ministerio de Educación, teniendo así que iniciar un proceso ante el tribunal administrativo para recuperar su puesto de trabajo.
Meyara logra seguir siendo activo como periodista y coordinador con los grupos internacionales y con los periodistas y observadores que logran visitar el Sáhara Occidental. Los despidos del trabajo y la suspensión de sueldos son algunas de las medidas que utiliza Marruecos para debilitar a los trabajadores y defensores saharauis en su lucha contra la ocupación.
El procurador general del Tribunal de Apelación de la ciudad ocupada de El-Aaiún citó al activista para enjuiciarlo, lo que muestra el grado de desesperación y torpeza que sufre el ocupante marroquí producto de la presión que le es sometida por parte de organizaciones y organismos internacionales.
Por otra parte cabe destacar desde el 2014 las autoridades marroquíes han expulsado a numerosas personalidades extranjeras solidarias con la causa saharaui para seguir ocultando las barbaries actitudes represalias en todos los ámbitos contra nuestros trabajadores/as y nuestro pueblo en general, pero también para que no sean testigos del empobrecimiento como método para hacer callar las voces de miles de ciudadanos Saharauis que luchan pacíficamente contra la invasión marroquí en los TT.OO.
Desde el 2014, 197 personas en total fueron expulsadas del territorio del Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.
España (87), Noruega (68) Francia (5), Italia (6), Alemania (1), Reino Unido (3), Suecia (7), Pises Bajos (1), Portugal (1), Polonia (3), Lituania (1), Estados Unidos (4), Canadá (1), Túnez (2), Japón (2), Bélgica (2), Suiza (2), China (1).
Número de extranjeros expulsados clasificados por años:
2014: 41 2017: 16, incluidos 5 eurodiputados
2015: 22 2018: 11
2016: 85 2019: 22
Fuente : Sotermún, 11 jul 2019
Tags : Sahara Occidental, Marruecos, represión, trabajo, discriminación,
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